El artículo 308 del Código Penal regula el fraude de subvención. Dicho fraude consiste en la obtención fraudulenta de una subvención. Esto se produce cuando se falsean las condiciones para conseguirla o cuando se omiten datos que hubieran llevado a que no se concediera. Además, en el mencionado precepto también se recoge la regulación sobre aquella subvención que se obtiene y se destina a un fin distinto para el que fue concedida. 

El objeto jurídico tutelado es el interés de la Administración en el cumplimiento del fin para el que fue establecido el régimen de subvenciones o ayudas públicas, por lo que cuando se incurre en una de estas conductas, se ataca un interés administrativo. Como decíamos pues, el objeto jurídico tutelado es ese interés de la Administración, y el sujeto pasivo es la colectividad.

En resumen, son dos tipos de conductas los que podemos observar:

1) La obtención fraudulenta de una subvención. El tipo hace referencia a dos condiciones, que son el falseamiento de las condiciones requeridas o bien ocultar una condición que hubiera dado lugar a que no te la concedan.

2) La subvención se destina a un fin diferente de aquel para el que fue concedida. En este caso, ya no se trata de una obtención fraudulenta, sino que se ha malversado una subvención obtenida de manera adecuada.

Para cometer este delito, los administradores de una sociedad falsean la información contenida en los folletos de emisión o informaciones que la sociedad debe difundir sobre sus recursos, con el propósito de obtener inversiones. El tipo de este artículo es un tipo que trata de proteger frente a la situación que se puede dar en el mercado de valores.

Para llevar a cabo la emisión de valores es necesario publicar una serie de documentación. Evidentemente, a la hora de captar inversores, los datos acerca de la sociedad servirán para que los inversores valoren a qué precio invertir en esa sociedad. Se trata de evitar que a través de un falseamiento de datos se logre captar indebidamente inversores. 

Se protege al colectivo difuso de inversores, depositantes o adquirientes del activo financiero, o cualquiera que pueda llevar a cabo una potencial inversión, basándose en datos que pueden ser falsarios. Es un delito especial propio porque sólo va dirigido al administrador de hecho o de derecho de una sociedad, y sujeto activo sólo pueden ser ellos.

Desde que se falsean datos con ese objetivo, ya se consuma el delito, no hace falta esperar a que se capten indebidamente inversores. Además, el delito es de exclusiva comisión dolosa, puesto que no puede realizarse por imprudencia. 

El artículo 308 del Código Penal regula la obtención fraudulenta de una subvención. El objeto jurídico tutelado es el interés de la Administración en el cumplimiento del plan, proyecto o fin para el que fue establecido el régimen de subvenciones o ayudas públicas. Se aprecian dos modalidades de conducta.

La primera es la obtención fraudulenta de una subvención, cuando se produce el falseamiento de las condiciones requeridas o bien se oculta una condición que hubiera dado lugar a que no se concediese. La subvención tendrá que ser superior a 120.000€ y esto marca el límite entre la infracción administrativa y el delito. 

La segunda es la malversación de una subvención obtenida de manera adecuada. Esto supone que el dinero que debía destinarse a una cosa, se destina para hacer otras. Esta malversación tiene dos presupuestos: tiene que haber un previo acto administrativo válido y el pago efectivo de esa cuantía superior a 120.000 € que ha sido desviada. Se consuma en el último momento en el que el agente, pudiendo aún dar el debido destino a la atribución patrimonial y cumplir la carga jurídica asumida, no da a la subvención el destino para el fin. Se produce entonces el resultado. 

El bien jurídico protegido en este delito es una cuestión altamente discutida por la doctrina. Un sector afirma que pretende protegerse la correcta circulación de bienes en el mercado. Otro sector afirma que, además, existe otra serie de intereses que resultan afectados por estas conductas, como, por ejemplo, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la libre competencia. También se discute la propia conveniencia de la tipificación penal, sosteniéndose que el blanqueo se trataría de un hecho beneficioso para la economía al posibilitar la vuelta al mercado legal de los capitales que provienen de un delito. Finalmente, se afirma que este delito está dirigido a reprimir determinadas formas de criminalidad organizada, pues con el blanqueo se estimula la ulterior actividad delictiva, de modo que se incrementa el poder económico de personas u organizaciones que pueden controlar sectores al margen de la economía regular. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la amplia redacción del tipo permite criminalizar un gran número de conductas, algunas de dudoso merecimiento de pena.